Presidenta de la SNP advierte que el calentamiento del mar y presiones de ONG ponen en riesgo a la pesca industrial

Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), manifestó que el sector industrial atraviesa una difícil situación debido al fenómeno El Niño y al lobby de las ONG con financiamiento extranjero. Argumentó que, durante la Primera Temporada de Pesca de Anchoveta en la zona centro-norte, solo se han desembarcado 470 mil toneladas, equivalente al 24.5% de la cuota asignada por Produce de 1.91 millones de toneladas.

Luna, a través de una columna publicada en un medio tradicional, sostiene que el calentamiento del mar no es la única amenaza que enfrenta la industria pesquera peruana, sino también las ONG que impulsan proyectos de ley que vulneran el ordenamiento jurídico, con el objetivo de prohibir la pesca industrial en zonas naturales protegidas, pese a que no existe sustento científico ni técnico que lo respalde.

La líder pesquera aclaró que cada área natural se gestiona en base a sus objetivos específicos, demostrando que pueden coexistir la conservación y el desarrollo económico y social.

Asimismo, advirtió que las normas impulsadas por algunas ONG, disfrazadas de causas ambientales, responderían a una agenda mundial para acabar con la pesca industrial. Según indicó, estas organizaciones presionan a congresistas mediante campañas mediáticas engañosas que ponen en riesgo el trabajo de miles de trabajadores formales del sector. “¿Quién gana y quién pierde con este atentado contra la pesca industrial peruana? ¿Hay intereses de otros países?”, cuestionó.

Jessica Luna aseguró que la única pesquería 100% formal en el país es la industrial, monitoreada satelitalmente y bajo una regulación estricta. Además, resaltó que el Imarpe investiga para una adecuada toma de decisiones; Produce gestiona una pesquería responsable y sostenible basada en evidencia científica; y la industria es fiscalizada permanentemente. “La OECD considera al Perú un ejemplo de pesquería en el mundo”, respaldó.

Finalmente, advirtió que, si los congresistas ceden a estas presiones, se afectaría a 250 mil trabajadores y sus familias en los puertos pesqueros, así como a más de 3,500 MYPES proveedoras. Además, estarían en riesgo US$ 3 mil millones anuales en exportaciones de harina y aceite de pescado, afectando el crecimiento económico del país y, sobre todo, a las regiones pesqueras costeras ya golpeadas por El Niño.