ARGENTINA: La pesca ilegal es un delito

Sancionar penalmente la pesca ilegal en Malvinas-Malvinas y los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina es una necesidad urgente que impulsa un reciente proyecto de 16 diputados del Frente de Todos de la Cámara de Diputados Argentina. Más allá de la discusión de que este proyecto puede eludir las aparentes limitaciones de la CONVEMAR y, adecuarlo, a la legislación de Protección Ambiental a nivel nacional e internacional, la depredación que los buques españoles y asiáticos vienen llevando a cabo en el Atlántico Sur es insostenible y, sobre todo.  Barcos españoles o de esta nacionalidad asociados con el Reino Unido en Malvinas. Malvinas, que amenazan la sostenibilidad del recurso, el desarrollo industrial patagónico y la reducción de las tasas de pobreza y desempleo del país.

Argentina ya cuenta con una legislación nacional que tipifica como delito el atentado contra la fauna y recientemente la Comisión para la Reforma del Código Penal presentó un proyecto que en su art. 314º considera terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra el medio ambiente (y es evidente que el recurso pesquero natural es parte indivisible del medio ambiente). Por su parte, en el Título XXIII de dicha obra, se considera delito el causar daños graves a la fauna, la pesca de especies protegidas (los peces están protegidos en la medida que los Estados establezcan anualmente la Captura Máxima Sostenible); migratorio; prevenir o dificultar la reproducción o la migración o alterar su hábitat, etc. y esto se castiga con prisión de hasta cinco años; también aplicable a quienes ponen a la venta, transportan, industrializan las piezas.

Nada nuevo que, especialmente los españoles, desconozcan, porque el europeo ha dejado clara la necesidad de sancionar el deterioro ambiental (incluida la pesca ilegal y sobre los recursos migratorios, etc.) y mediante la Directiva 2008/99 / CE del Parlamento Consejo y Consejo. del 19/11/2008 sobre la protección del medio ambiente, constató que “La Comunidad considera el aumento de los delitos ambientales y sus efectos, que se extienden cada vez más más allá de las fronteras de los Estados en el que estos delitos se cometen. Tales delitos suponen una amenaza para el medio ambiente y, por tanto, requieren una adecuada respuesta ”y añade: La experiencia ha demostrado que los sistemas sancionadores existentes no son suficientes para lograr el pleno cumplimiento de la legislación de protección del medio ambiente.

Argentina tiene mucho que discutir y sancionar, sobre la captura anual de un promedio de 250 mil toneladas en Malvinas-Malvinas y alrededor de 750 mil toneladas de recursos migratorios provenientes de su Zona Económica Exclusiva.

Fuente: FIS

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