Abogados de Karpez afirman que Sanipes certificó la inocuidad de conservas, mientras la ministra del MIDIS fue interpelada por intoxicación escolar

El 3 de abril, más de 80 escolares del colegio Elvira Castro de Quiroz, en Piura, presentaron síntomas de intoxicación como vómitos y dolores abdominales tras supuestamente consumir conservas de pescado distribuidas por el programa estatal Wasi Mikuna. El caso desató una alarma nacional: ¿qué falló en la cadena de distribución de alimentos escolares?

El director del colegio, Luis Ricardo Córdova Calle, fue uno de los primeros en señalar directamente a las conservas como origen del problema. La empresa Karpez, proveedora del producto, fue cuestionada de inmediato. Como medida preventiva, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ordenó la suspensión nacional de su distribución.

La defensa de Karpez

En una conferencia de prensa, los abogados de Karpez, Emilio Pérez y Jhon Castillo, defendieron la inocuidad del producto y aseguraron que las acusaciones no tenían fundamento técnico. Como respaldo, presentaron un informe de Sanipes (Autoridad Nacional de Sanidad Pesquera y Acuicultura), que certificaba que los filetes de bonito enlatado de la marca Karpez estaban en “condiciones óptimas y aptos para el consumo humano”.

Pese a este respaldo oficial, la suspensión de los lotes aún no ha sido levantada. Los abogados exigen que se identifique la verdadera causa de la intoxicación.

Mientras tanto, el caso escaló hasta Lima. El pasado 6 de mayo, la ministra del MIDIS, Leslie Urteaga, fue interpelada en el Congreso para responder por este y otros casos similares ocurridos en regiones como Amazonas, Áncash y Lima.

Durante la sesión, congresistas de distintas bancadas lanzaron críticas duras. Esdras Medina (RP) cuestionó la falta de información sobre las sanciones a los responsables. Silvana Robles (BS) habló de “impunidad” e “indiferencia” del Gobierno. Otros, como Flavio Cruz (PL), propusieron descentralizar la distribución de alimentos escolares y comprar productos locales. La congresista Sigrid Bazán denunció la repetición de respuestas y evasivas por parte del Ejecutivo. En tanto, Luis Aragón fue más allá: pidió la desactivación total del programa Wasi Mikuna.

A pesar del informe favorable a Karpez, las dudas no se disipan. Si las conservas estaban aptas para el consumo, ¿entonces qué provocó la intoxicación de 80 escolares? ¿Cómo se explica la denuncia de presencia de gusanos en algunas latas? ¿Hubo manipulación posterior o errores en la cadena logística?

Y una pregunta más incómoda: ¿Sanipes emitió su informe antes o después de que se supiera que la ministra Urteaga sería interpelada en el Congreso? Hasta ahora, ninguna autoridad lo aclara.

Mientras los escolares fueron hospitalizados y sus padres clamaban por explicaciones, las instituciones competentes seguían cruzándose acusaciones. Las conservas “aprobadas” siguen en cuarentena burocrática. Y en un país donde todo se investiga solo cuando estalla el escándalo… tal vez algún día sabremos si los gusanos también pasaron control de calidad.