UE fortalece el rechazo a la entrada de pescado esclavista o ilegal

El 70% de los alimentos que consumen los ciudadanos de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea proceden del exterior y cuyas capturas son ilegales y realizadas bajo practicas esclavistas en barco chinos y otros, que amantes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR, por sus siglas en inglés), dijeron EU IUU Fishing Coalition, integrada por las oenegés Enviromental Justice Foundation (EJF), The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, Oceana y WWF

Aunque reconocen que la UE “ha solucionado las lagunas que permitían a sus buques pesqueros cambiar de bandera para evadir” la exigente legislación de los Veintisiete, revela que las normas y controles laxos en países terceros “son explotados por ciudadanos europeos que obtienen beneficios de capturas ilegales”.

Identificar a los “verdaderos propietarios” de los barcos

Una medida para frenarlos y evitar que se beneficien, sin ser sancionados, es que la UE que publique la información sobre los verdaderos propietarios de los buques pesqueros; es decir, el beneficiario efectivo. No en todos los casos, sino en aquellos de posible o probada implicación en operaciones de pesca INDNR, corrupción o blanqueo de capitales.

Contra el «desprecio a la vida humana»

“No podemos seguir importando pescado, en algunos casos incluso con arancel cero, de empresas y barcos que desprecian la vida humana”, dice, la patronal española Opagac, Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Con información de un estudio de Deloitte, revela que 35 proveedores de atún enlatado de grandes superficies europeas “son especialmente laxos con la vigilancia y persecución de la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores en su cadena de producción”. Se cuela en los mercados comunitarios a través de grupos “mayormente de EE.UU., Australia, Tailandia, Canadá y Filipinas”, añadió.

“Delitos contra los derechos humanos”

Una investigación de Enviromental Justice Foundation detectó 554 incidentes de pesca INDNR en barcos de China que pescan en caladeros internacionales y los relacionan con “abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente”. En base a ese informe, eurodiputados de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo emplazaron a la Comisión a “garantizar que no entren a la UE los productos de los buques” que pescan ilegalmente, “en particular en áreas marinas protegidas”, o que cometan “delitos contra los derechos humanos”.

La europarlamentaria irlandesa Grace O’Sullivan, del grupo Los Verdes/ Alianza Libre Europea, pidió a la Comisión que explique qué hace para “apoyar áreas marinas protegidas y otras medidas de protección espacio-temporal fuera de la UE, especialmente en África Occidental”. Solicitando medidas para “identificar a los buques que faenan fuera de la UE” ilegalmente, “en particular”, donde haya constancia de “trabajo forzoso y abusos de los derechos humanos”.

Sobre las importaciones de productos del mar en los Veintisiete también se pronunció Rosa Quintana, titular en funciones de la Consellería do Mar, y quien defendió de que la Política Común de Pesca de la UE “aposte por un comercio pesqueiro xusto no que unicamente poderían participar aqueles que aceptasen o equilibrio e a igualdade nas regras de xogo”.

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