Ministra del MIDIS exige acciones firmes ante intoxicación de escolares y Fiscalía anuncia medidas legales contra los responsables

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga Peña, informó que el pasado 13 de abril, mediante el Decreto Supremo N.° 006-2025-MIDIS, el Gobierno aprobó la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna y declaró en emergencia el servicio alimentario escolar. Esta medida busca frenar y prevenir nuevos casos de intoxicación masiva entre estudiantes beneficiarios.

La decisión fue motivada por diversos casos de intoxicación en centros educativos públicos, tras el consumo de conservas de pescado en mal estado, distribuidas en distintas regiones durante el inicio del año escolar. Estos hechos fueron denunciados por los padres de familia, preocupados por la salud de sus hijos.

Precisamente, en sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, presidida por el parlamentario Segundo Montalvo Cubas (PL), la ministra Urteaga explicó en detalle los casos registrados en diferentes departamentos del país.

Reacciones del Congreso

La extinción del programa generó diversas opiniones entre los parlamentarios. Para el congresista Alex Paredes González (BMCN), la medida era necesaria:

“Si hay que reconstruir el formato de entrega de alimentos a los niños, hay que hacerlo. No podemos permitir que esta situación se repita”, sentenció.

Por su parte, el legislador Hamlet Echeverría Rodríguez (JP-VP) denunció un nuevo caso de intoxicación en la Institución Educativa Arístides Merino Merino, ubicada en la provincia de Celendín, Cajamarca.

La congresista Lucinda Vásquez Vela (BMCN) hizo un llamado urgente a mejorar la logística del programa alimentario:

“Los productos no pueden llegar con un mes de vencimiento. Deben adquirirse con al menos 4 o 5 meses de anticipación. Esto es básico”, recalcó.

En la misma línea, la congresista Mery Infantes (FP) respaldó esta postura, y añadió que las condiciones climáticas y de almacenamiento agravan el problema, poniendo en riesgo la salud de los escolares.

Acciones legales en marcha

La sesión también contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, quienes anunciaron que ya se han iniciado acciones legales contra los responsables.

El fiscal adjunto supremo, Mirko Dino Cano Gamero, informó sobre el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito contra la salud pública, a raíz de las intoxicaciones reportadas.

Asimismo, el fiscal superior provisional Armando Ortiz Zapata, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, reafirmó que el plan estratégico contra el acoso y hostigamiento sexual en instituciones educativas está alineado con la Política Nacional Multisectorial de Niños, Niñas y Adolescentes al 2030, reforzando así el compromiso del Ministerio Público con la protección de la niñez.

Demandas legislativas

Durante la sesión, el presidente de la comisión, Segundo Montalvo (PL), criticó la falta de reglamentación de la Ley N.° 32242, que modifica la Ley de Reforma Magisterial para permitir la destitución automática del personal educativo con sentencias penales.

Finalmente, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación para establecer un canal de diálogo con el Congreso, con el objetivo de articular normas efectivas y en beneficio directo de la población, especialmente en lo que respecta a la protección de los estudiantes.