Pesca de bonito alimentaría la producción clandestina de harina de residuos y conservas sin trazabilidad

La pesca del bonito (Sarda chiliensis chiliensis), que debe ser la materia prima destinada a abastecer a la Industria de Consumo Humano Directo (ICHD) y a la mesa popular, se ha convertido en el vehículo perfecto para la ilegalidad y la producción ilícita de harina de pescado. El residuo obtenido de los procesos termina en la pampa para ser secado; sin embargo, versiones extraoficiales aseguran que incluso parte del pescado fresco es utilizado en la elaboración de alimento para la acuicultura ecuatoriana.

A falta de anchoveta, esta vez el foco está puesto en una especie cuya abundancia en el mar peruano se ve favorecida por las condiciones oceanográficas, lo que facilita su captura. Según la normativa vigente, sus desembarques deben destinarse a la elaboración de conservas, productos congelados y otras líneas de procesamiento para la ICHD. Por ello, toda la cadena está obligada a cumplir estrictamente con los requisitos de trazabilidad y legalidad establecidos por el Ministerio de la Producción (Produce).

De acuerdo con Produce, la Resolución Ministerial N.° 00169-2026-PRODUCE se fijó para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026 un límite de captura de 93 200 toneladas de bonito. En el caso de las embarcaciones artesanales de cerco con capacidad de bodega superior a 20 m³ y hasta 32,6 m³, cuya temporada se inició el 3 de julio, ya se han desembarcado 2 591,79 toneladas, lo que representa un avance del 85,57 % de la cuota asignada para ese segmento de la flota.

En apariencia, estas cifras garantizarían el abastecimiento para el consumo humano directo y la mesa popular. No obstante, la realidad muestra un escenario distinto. En diversos muelles y desembarcaderos del sur del país, así como en el Callao, Pisco y Chimbote, el ingreso de bonito “negreado” continuaría alimentando una cadena comercial que opera al margen de los controles oficiales.

El caso de Chimbote resulta especialmente preocupante. Mientras el precio del bonito obtenido dentro de la formalidad fluctúa entre S/ 3,00 y S/ 3,50 por kilogramo, el recurso ilegal llega a comercializarse hasta en S/ 6,00 por kilogramo, generando una evidente competencia desleal para quienes cumplen con la normativa vigente y sostienen una actividad pesquera formal.

Pero el problema no se limita a la comercialización. Existen indicios de que parte del bonito capturado terminaría abasteciendo producciones de conservas que carecerían de códigos de trazabilidad y se almacenaría en locales que no reunirían las condiciones sanitarias exigidas por la legislación. A ello se suma la incertidumbre sobre el destino de los residuos generados durante el procesamiento, pues, ante la escasa fiscalización, parte del recurso podría ser secado en espacios clandestinos para posteriormente ser destinado a la elaboración de harina de residuos.

A ello se suma una situación que se observa a simple vista en Chimbote. Las rutas de descarga en sectores como Santa, Coishco y el 27 de Octubre son ampliamente conocidas. Desde estos puntos salen diariamente volquetes y camiones cargados con bonito, muchas veces transportado sin las condiciones adecuadas de conservación y expuesto al polvo, la contaminación ambiental y las altas temperaturas, factores que comprometen su calidad e inocuidad.

Frente a este panorama, la ausencia de una fiscalización efectiva resulta cada vez más evidente. Si bien Produce cuenta con la Dirección General de Pesca Artesanal, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, la magnitud del comercio ilegal evidencia que los controles no estarían siendo suficientes para frenar esta actividad.

Los antecedentes confirman que no se trata de hechos aislados. A comienzos de 2026, la Marina de Guerra del Perú decomisó aproximadamente 1,2 toneladas de bonito en la región Tacna. Asimismo, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú incautó otros 249 kilogramos durante un operativo en el muelle fiscal de Punta Blanca, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. Meses antes, a finales de 2025, esa misma unidad policial había decomisado, en ese mismo punto de desembarque, 18 650 kilogramos del recurso, valorizados en S/ 186 500.

Estos operativos demuestran que el tráfico ilegal de bonito continúa vigente y que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿cómo es posible que otras instituciones detecten y decomisen toneladas de recurso ilegal mientras la autoridad pesquera encargada de garantizar la legalidad y la trazabilidad de toda la cadena productiva permanezca prácticamente ausente?.

Fotografía: Diario Correo Arequipa