El atún: Un tesoro del mar que el Perú sigue desaprovechando

Cada 2 de mayo se conmemora el Día Mundial del Atún, una fecha que busca resaltar la importancia de esta especie para la seguridad alimentaria, la economía y el desarrollo sostenible. En el Perú, sin embargo, esta efeméride debería abrir una pregunta incómoda: ¿por qué, teniendo uno de los mares más ricos del planeta, seguimos sin aprovechar adecuadamente este recurso?

El atún no es un pez cualquiera. Se trata de un depredador altamente migratorio, un verdadero “nómade del mar” capaz de recorrer miles de kilómetros. Puede desplazarse a velocidades de entre 3 y 7 km/h y alcanzar picos superiores a los 70 km/h, lo que lo convierte en una de las especies más dinámicas del océano.

En aguas peruanas, su captura se concentra entre tres y cuatro meses al año, principalmente durante el verano. Las especies más comunes son el barrilete (Katsuwonus pelamis), el aleta amarilla (Thunnus albacares) y el ojo grande (Thunnus obesus). A pesar de esta disponibilidad, el país mantiene niveles bajos de captura y procesamiento en comparación con otras naciones.

El problema no es la falta de recurso, sino la falta de estrategia.

El Perú no siempre estuvo rezagado en esta actividad. Desde la década de 1920, el país tuvo una participación activa en la pesca del atún. En 1934 se instaló la primera fábrica de conservas y, hacia finales de los años treinta, ya operaban al menos cuatro empresas en el sector.

Durante las décadas de 1950 y 1960, la política pesquera fue abierta y promotora. Se permitió la participación de flotas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, bajo un modelo que combinaba captura, procesamiento y exportación. Parte de la producción se destinaba al consumo interno y otra al mercado internacional.

Sin embargo, este impulso se interrumpió en 1971, cuando el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado decidió expropiar las fábricas atuneras y embarcaciones extranjeras con el objetivo de desarrollar una industria nacional independiente.

El resultado fue contrario al esperado. Se construyeron 24 embarcaciones atuneras y complejos frigoríficos en Paita, Samanco y Pisco, pero la falta de conocimiento técnico, gestión eficiente y visión de mercado llevó al fracaso del proyecto. La flota fue vendida como chatarra y las instalaciones quedaron subutilizadas. Como consecuencia, el Perú quedó prácticamente fuera del circuito atunero internacional durante varios años.

Hoy, la situación no ha cambiado sustancialmente. Aunque existen normas y se ha declarado de interés nacional el desarrollo de la industria atunera, el país no ha logrado consolidar un sector competitivo.

El caso del atún en el Perú evidencia un problema estructural: no se trata de la ausencia de recursos, sino de decisiones. La falta de una política clara, estable y promotora ha impedido el desarrollo sostenido de esta actividad.

A ello se suma la necesidad de simplificar normas, generar incentivos reales y construir una estrategia integral que articule la extracción -con embarcaciones 100 % atuneras y el aprovechamiento total de las cuotas asignadas por la CIAT- con el procesamiento en conserveras peruanas, promoviendo la generación de empleo.

Asimismo, es fundamental revisar el ingreso de conservas extranjeras que compiten en condiciones desiguales, beneficiadas por facilidades arancelarias desde su ingreso al país, lo que afecta directamente la producción y comercialización de la conserva de atún peruana. Impulsar la exportación de atún congelado y fortalecer su posicionamiento tanto en el mercado internacional es un punto que no debe ser olvidado

Pero, sobre todo, es necesario cambiar la mirada: el atún no debe verse únicamente como un recurso pesquero visitante, sino como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico, generar empleo y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

El mar peruano sigue ofreciendo este recurso. La diferencia estará en si el Estado decide, finalmente, aprovecharlo de manera estratégica, no solo para impulsar el desarrollo económico, sino también para contribuir a reducir la anemia infantil- que aún afecta a un alto porcentaje de niños (46%) y enfrentar la desnutrición crónica infantil (12.6%), que continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.