Comisión de Pueblos buscará derogar norma si no se controla la pesca en áreas no permitidas

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología anunció que tomará acciones de control político y que evaluará solicitar la derogatoria del Decreto Supremo N.° 006-2025-PRODUCE, el cual modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. Según este grupo de trabajo, la norma no estaría garantizando una adecuada fiscalización.

Así lo señaló su presidenta, la congresista Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista), durante la segunda sesión extraordinaria, en la que cuestionó la falta de efectividad en el control de la pesca dentro de áreas no permitidas.

“Insisto en que el Ministerio de la Producción (Produce) debe evaluar la modificación de la norma. Esta comisión considera fundamental que, junto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), se continúe evaluando, de manera conjunta y técnica, si el marco actual garantiza plenamente la protección de las Áreas Naturales Protegidas marinas (ANP)”, manifestó.

Asimismo, señaló la necesidad de analizar si corresponde fortalecer los procedimientos sancionadores o ajustar los mecanismos de coordinación entre los distintos sectores involucrados.

“Es nuestro deber asegurar claridad normativa, eficiencia operativa y una fiscalización que prevenga actividades no permitidas dentro de espacios naturales cuya conservación es prioritaria para el país”, remarcó.

La congresista exhortó a las entidades competentes a mantener informada a la comisión sobre cualquier propuesta de modificación normativa y sobre los avances en la implementación de acciones coordinadas con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), la Marina de Guerra del Perú, el OEFA y las autoridades regionales.

Robles Araujo subrayó que el país necesita un marco regulatorio sólido, coherente y funcional, que garantice la efectividad del Estado en el control y supervisión ambiental.

“Esta comisión dará seguimiento permanente al tema y ejercerá todas las acciones de control político necesarias para asegurar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. No permitiremos retrocesos”, afirmó.

También cuestionó la existencia de normas que debilitan las capacidades del Estado para proteger ecosistemas que ya presentan una alta vulnerabilidad.

Convocados

Con el fin de esclarecer el alcance del decreto en cuestión, fueron convocados representantes del Ministerio de la Producción, encabezados por el director general de Supervisión, Fiscalización y Sanción, Daniel Collachagua Pérez. Por parte del Sernanp participó el director de Gestión Territorial, Deyvis Huamán Mendoza, junto a otros funcionarios.

Robles Araujo indicó que la sesión se organizó para atender las inquietudes surgidas en diversos sectores de la sociedad civil, de la comunidad científica y del propio Estado, ante la posibilidad de que la norma afecte la fiscalización de actividades pesqueras dentro de áreas naturales protegidas.

“Se ha puesto en evidencia la necesidad de precisar el verdadero impacto de esta norma en la coordinación intersectorial, en la intervención de la fiscalía especializada en materia ambiental y en el rol sancionador del Sernanp frente a la pesca de mayor escala dentro de zonas sensibles”, señaló.

Finalmente, cuestionó las implicancias legales de la norma.

“Existe una afectación al marco normativo de las áreas naturales protegidas. Solo en el ámbito penal, ¿cómo es posible supeditar el inicio de la acción penal al término de un procedimiento administrativo?”, expresó.