Flota pesquera china avanza en Sudamérica: Poder sin control en el Pacífico Sur
Investigación revela abusos ambientales, laborales y un giro geopolítico que pone en jaque a la gobernanza marina regional
Una nueva investigación de la Fundación Círculo de Políticas Ambientales de Argentina, elaborada por el especialista en conservación marina Milko Schvartzman, ha sacudido el tablero geopolítico y ambiental del Pacífico Sur. Bajo el título “La maquinaria pesquera china: poder sin control en el Pacífico Sur”, el informe expone con cifras, nombres y datos concretos cómo una flota compuesta por cerca de 600 embarcaciones chinas opera simultáneamente frente a las costas de Sudamérica, con un impacto devastador sobre los océanos y los derechos humanos.
Según el investigador, la flota en cuestión es financiada directamente por el gobierno chino con millones de dólares en subsidios, que incluyen combustible, construcción de barcos y otros apoyos estatales. No obstante, opera al margen de las regulaciones ambientales, laborales y de seguridad marítima. Según el informe, existen evidencias sistemáticas de trabajo forzado, violencia física y muertes a bordo, documentadas por diversas organizaciones internacionales.
Además, esta flota se apoya en una compleja red de barcos reefers (cargueros refrigerados) y tanqueros, que permiten realizar transbordos en alta mar. Esta maniobra, conocida como “transbordo ilegal”, rompe la trazabilidad de las capturas, encubriendo su origen y dificultando cualquier intento de fiscalización por parte de los Estados ribereños.
Sometimiento de puertos sudamericanos: del Callao a Iquique
Schvartzman asegura que uno de los puntos clave de esta operación global es el uso estratégico de puertos sudamericanos para apoyo logístico, donde los pesqueros descargan capturas no reguladas, realizan reparaciones, reabastecen combustible y cambian de tripulación. Históricamente, puertos como El Callao (Perú) y Montevideo (Uruguay) han sido nodos críticos para estas actividades.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde 2018, cuando Perú detectó incursiones ilegales dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). Como respuesta, el país endureció los controles sobre flotas extranjeras, especialmente la china. Esto provocó una retirada paulatina de la flota asiática de puertos peruanos, tendencia que se intensificó desde 2024 con la reimplementación de normativas más estrictas.
Frente a este cierre de puertas, Chile emergió como nuevo hub logístico de la flota china en el Pacífico Sur.
Chile: ¿nuevo refugio de la flota pesquera ilegal?
Los datos no dejan lugar a dudas. Mientras que en Perú las entradas de barcos chinos cayeron de 61 en 2023 a 0 en 2024, en Chile la situación se invirtió radicalmente. Puertos del norte chileno, como Arica e Iquique, pasaron de registrar 0 ingresos en 2023 a 25 en lo que va de 2024, convirtiéndose en el nuevo punto neurálgico de abastecimiento.
Este cambio de escenario representa no solo una reconfiguración logística, sino también una profunda contradicción geopolítica. Chile, país que ha ratificado el Tratado de Alta Mar (BBNJ) y que incluso se ha postulado como sede de su Secretaría, está brindando soporte operativo a una flota acusada de depredar los océanos y violar sistemáticamente derechos humanos.
Barcos sancionados: Una amenaza en aguas chilenas
Lo más alarmante es que al menos dos embarcaciones que actualmente operan en puertos chilenos -Fu Yuan Yu 7871 y Fu Yuan Yu 7872- están vinculadas a armadores sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia sexual. Estas naves, que recibieron más de 19 millones de dólares en subsidios chinos en 2021, han sido documentadas con miles de cuerpos de tiburones, incluidas especies protegidas, y se las acusa de practicar el aleteo de tiburón, una técnica brutal y prohibida en muchos países.
Además, varias embarcaciones comparten identificaciones falsas o duplicadas, lo que complica su rastreo e impide acciones legales efectivas, según investigaciones de Global Fishing Watch y C4ADS.
Al permitir el ingreso de estos barcos, Chile también daña a su propia industria pesquera, cuyos trabajadores deben cumplir con estrictas regulaciones, pagar impuestos, licencias y someterse a controles laborales. En cambio, la flota pesquera china opera sin esos condicionamientos, amparada por subsidios y la falta de fiscalización, generando una competencia absolutamente desleal.
¿Liderazgo ambiental en riesgo?
La presencia de embarcaciones como Fu Yuan Yu 7700, Hua Ying 77 o Tian Xiang 58 en puertos chilenos no solo socava los esfuerzos de conservación marina, sino que también pone en entredicho la credibilidad internacional de Chile como referente ambiental.
Si el país desea mantener su liderazgo y coherencia en políticas oceánicas —especialmente en el marco del Tratado de Alta Mar (BBNJ)—, deberá enfrentar con decisión esta contradicción. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en el eslabón débil en la lucha global contra la pesca ilegal y los abusos marítimos.







