CHILE – Sociedad Chilena de Ciencias del Mar recomienda modificar “urgentemente” la regulación acuicultora

Con la información de: Aqua.cl

“Después de la crisis del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón, ISAv, se aprendió muy poco. Se sobrerreaccionó”, comienza diciendo el Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, SChCM, Marcelo Campos Larraín, para quien es “necesario modificar urgentemente” las regulaciones del sector porque las medidas tomadas durante el ISA fueron establecidas en “tiempos de guerra”. Y va más allá: “Si no se toman acciones ahora, puede ponerse en riesgo el futuro de esta industria”.

Campos recuerda que el proceso de cultivar salmónidos en Chile se inició en la década de los ’80 basado en una estructura normativa simple que se ha ido adaptando parcial y sucesivamente conforme a diversas crisis que se han generado, entre las que resaltan las relacionadas con causales sanitarias, ambientales, económicas y comerciales. “La normativa se ha complejizado pensando particularmente en los salmónidos, siendo el gran error hacer prácticamente una sinonimia entre salmonicultura y acuicultura”, enfatiza.

Ahonda que el sector creció y se desarrolló, dictándose poco a poco diversas normas complementarias por parte de un número creciente de autoridades que se han ido sumando al control de la actividad. “Esta situación ha comenzado a hacer crisis en los últimos años, siendo en la actualidad la acuicultura la actividad económica más regulada en Chile. Así, aparte de los numerosos reglamentos que emanan de la LGPA , se debe dar cumplimiento a otras numerosas disposiciones de diverso rango que emanan de diferentes ministerios y servicios, entre los que se encuentran el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subpesca, y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, Ministerio de Defensa Nacional a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Aguas, Superintendencia del Medio Ambiente y Superintendencia de Servicios Sanitarios, entre otros. Solo para ejemplificar, cabe hacer presente que son más de diez los organismos reguladores y fiscalizadores que tienen competencia en la actividad, existiendo más de 50 reglamentos, en distintas áreas, a los que se debe dar cumplimiento”, argumenta el timonel de la SChCM.

De esta manera, dice que la estructura del sector manifiesta una gobernanza (mecanismos, procesos y reglas a través de los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa) sobrerregulada que se suma a una aparente desconfianza del sector público en el productor privado. “Esta se fundamenta preferentemente en el hecho de que en la toma de decisiones de inversionistas y productores han primado aspectos económicos por sobre los científico-técnicos, desconociéndose inicialmente algunos principios básicos de la sustentabilidad”, subraya Campos, ahondando que esta carga regulatoria, además de complejizar la operación de la actividad, ha generado una normativa que no diferencia especies, ambientes, ni ciclos productivos.

“La industria está soportando una significativa alza de los costos de producción debido en buena medida a la aplicación de dichas normas. Esto afecta a algunos rubros de cultivos más que a otros. Con todo, los incrementos son más representativos para los sectores menos rentables, como el cultivo de algas; no obstante, para todos los productores la carga derivada del cumplimento de las diversas normas representa cada vez un ítem más importante de su estructura de costos. Esta situación nos lleva a pensar que el proceso de generación de regulaciones gubernamentales, que puede ser visto como un ‘ciclo de vida’, es una valiosa oportunidad para iniciar un proceso de reforma de la normativa sectorial, pues se están dando las primeras señales del fracaso regulatorio”, sostiene Campos.

Visión holística

Ante lo expuesto, surge como hipótesis la oportunidad de que productores, inversionistas, académicos, políticos y autoridades comiencen a replantearse frente a las condiciones no solo del mercado, sino fundamentalmente de la materia prima, esto es -entre otros- agua, suelo, ovas, smolts, alimento e infraestructura. En este sentido, Campos responde que la normativa debe ajustarse a los desafíos científicos, tecnológicos, comerciales, económicos, territoriales, legales y sociales, “que deben ser ampliamente debatidos y servir de ejemplo para otras naciones. Chile no debe ser solo un líder en producción, sino que también en investigación científica y tecnológica, donde los diversos actores sociales tienen un rol fundamental”, sentencia el Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, para quien la acuicultura nacional no puede perder competitividad en el mercado internacional a causa del peso económico de las normativas y su complejidad.

“La reglamentación debe ser eficiente y moderna, ajustada a las reales necesidades de la industria, de fácil comprensión, fiscalización, aplicación y cumplimiento, además de diferenciada por región y especie en producción. Es necesario, además de la investigación científica y tecnológica, realizar una ingeniería sectorial que considere una visión holística –ver el bosque, no solo el árbol–”, sostiene Campos, para quien estamos frente a la oportunidad de establecer un régimen “expedito, transparente, moderno y sencillo, que proteja tanto los intereses marítimos como las proyecciones de desarrollo y crecimiento económico del borde costero, el cual evidentemente es un área altamente demandada, en permanente riesgo y que -como nos ha recordado la naturaleza- no es un patrimonio inmutable”. Es más, dicen, “cuando la regulación se hace tan compleja e inentendible para los regulados, que hace necesaria la interpretación caso a caso por parte de especializados equipos de profesionales, esta se torna ineficiente e incluso podría llegar a ser prácticamente infiscalizable”.

Campos también afirma que es “fundamental revisar las consecuencias que esta sobrerregulación y la crisis que estamos comenzando a vivir puede provocar en el corto plazo, en relación al empleo, al interés de los jóvenes por estudiar carreras relacionadas con la actividad y ejecutar emprendimientos e investigación en ciencias del Mar en general y en acuicultura en particular”.

Para cerrar, dice que es necesario analizar las variadas actividades que se realizan en el borde costero y dar una especial preponderancia a aquellas que aportan más relevantemente al Producto Interno Bruto,PIB, y al desarrollo local, como ha sido el caso de la pesca y la acuicultura. De esta manera, “un Ministerio de Pesca y Acuicultura es fundamental para una gobernanza moderna y realista que estimule la sustentabilidad del sector”, concluyó.

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