Pagan las multas y vuelven a depredar: La pesca ilegal extranjera se convierte en un negocio rentable

La Argentina recauda una cifra récord de $4.500 millones en multas a buques extranjeros, pero la sanción económica no detiene la pesca ilegal. Las embarcaciones pagan, cambian de bandera y vuelven al mar. El sistema de control detecta la infracción, pero no logra frenar el negocio.

Pero detrás del récord de recaudación aparece una paradoja inquietante: los barcos pagan las multas y siguen pescando.

La sanción económica, que debería funcionar como un mecanismo disuasorio, corre el riesgo de convertirse en apenas otro costo operativo de las grandes compañías pesqueras. El barco es detectado, se reconstruye su trayectoria mediante información satelital, se acredita la infracción, se impone la multa y, una vez pagada, la embarcación vuelve a operar.

El resultado es contundente: se recauda más, pero no necesariamente se depreda menos.

Detectados por satélite, sancionados y de vuelta al mar

La nueva modalidad de fiscalización permite a la Prefectura Naval Argentina (PNA) detectar y documentar infracciones sin necesidad de interceptar físicamente a los buques.

La Disposición 20/2026 estableció parámetros objetivos para identificar maniobras compatibles con actividades pesqueras. Entre ellos, se consideran indicios de pesca los desplazamientos inferiores a seis nudos acompañados de giros o trayectorias compatibles con el arrastre. En el caso de los poteros dedicados a la captura de calamar, la infracción puede determinarse cuando navegan por debajo de dos nudos durante al menos 30 minutos dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

La tecnología permite reconstruir la ruta, velocidad y maniobras de los barcos y utilizar esa evidencia para iniciar los procedimientos administrativos.

Entre los buques sancionados figuran los chinos Bao Feng, Bao Win y Hai Xing 2, además del portugués Coimbra.

El caso del Hai Xing 2 expuso, además, otra de las grietas del sistema. El buque fue detectado frente al Golfo San Jorge realizando maniobras compatibles con arrastre, a una velocidad promedio de 4,3 nudos, dentro de aguas argentinas. La evidencia satelital permitió sustentar el expediente sin enviar un patrullero para interceptarlo.

El buque perdió posteriormente su matrícula de Vanuatu. Pero la medida tampoco consiguió sacarlo del circuito: cambió de bandera y pasó a registrarse en Tanzania, manteniendo el mismo número IMO, que permite a las autoridades identificar el casco y seguir su trayectoria.

La multa no parece ser suficiente

El problema central está fuera de las 200 millas.

Una vez que los buques abandonan la ZEE argentina, pasan a aguas internacionales y quedan fuera del alcance de buena parte de las medidas coercitivas nacionales. Así, después de pagar la sanción correspondiente, pueden continuar navegando y pescando en el borde exterior de la jurisdicción argentina.

Para las grandes empresas pesqueras, una multa de millones de pesos puede terminar incorporándose al cálculo económico de una campaña pesquera.

Ese es el punto crítico: cuando infringir resulta rentable, la multa deja de ser una barrera y se convierte en un precio.

La tecnología permite saber quién pesca, dónde pesca y cómo lo hace. El problema ya no parece ser únicamente detectar la infracción, sino conseguir que la sanción tenga un verdadero efecto disuasorio.

Una flota que sigue avanzando

Mientras el Estado argentino perfecciona sus sistemas de vigilancia, la presión pesquera extranjera sobre el Atlántico Sur continúa creciendo.

Según los datos citados en el informe, las flotas chinas y europeas incrementaron en 85 % la intensidad de sus operaciones en el borde exterior del Mar Argentino durante los últimos años.

A esto se suma la creciente presencia de capitales chinos en el negocio pesquero argentino. Los conglomerados asiáticos han adquirido participación en empresas nacionales y, según las cifras señaladas, controlan alrededor del 63 % de la flota potera que opera legalmente bajo bandera argentina para la captura de calamar.

El escenario configura una paradoja aún mayor: capital extranjero con presencia tanto dentro de la jurisdicción argentina como en el límite de sus aguas, mientras el Estado recauda multas que no necesariamente consiguen detener la presión sobre los recursos.

El desafío: que delinquir deje de ser rentable

Los recursos pesqueros son patrimonio estratégico y su extracción ilegal genera un doble perjuicio: afecta al ecosistema y golpea a quienes cumplen las reglas.

Por eso, el desafío ya no consiste únicamente en aumentar la recaudación por multas. La verdadera medida del éxito de una política contra la pesca ilegal debería ser cuánto logra reducir la depredación.

Si un buque puede ingresar ilegalmente, ser detectado, pagar una multa y regresar al mar, el sistema está recaudando, pero no necesariamente está disuadiendo.

Porque cuando la multa se paga y la pesca continúa, la sanción deja de ser un freno. Se convierte en parte del negocio.