Gobierno chileno descarta nueva ley de pesca y desata críticas del sector artesanal

La decisión del Gobierno de Chile de no reingresar el proyecto de nueva ley de pesca al Congreso abrió un nuevo foco de tensión con el sector pesquero artesanal y parte del mundo político. En su lugar, el Ejecutivo optará por introducir modificaciones específicas a la normativa vigente, conocida como la “Ley Longueira”.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, explicó que el proyecto anterior tenía un carácter “refundacional”, por lo que el Gobierno decidió enfocarse en perfeccionar la legislación actual mediante iniciativas acotadas.

La postura generó un fuerte rechazo en dirigentes de la pesca artesanal. El presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, calificó la decisión como “un error garrafal” y acusó al Ejecutivo de “blindar” la ley vigente, la cual ha sido ampliamente cuestionada por casos de corrupción y por no considerar la realidad socioeconómica del sector artesanal.

“El Gobierno está protegiendo intereses de grandes grupos económicos y no a los pescadores”, afirmó el dirigente, quien también advirtió que se trata de un retroceso frente al avance de un nuevo marco legal que incluía una plataforma social para el sector.

En el Congreso, las reacciones han sido mixtas. Desde el oficialismo, el diputado Mauro González (RN) respaldó la facultad del Gobierno para definir su agenda legislativa, aunque pidió incorporar aspectos del proyecto anterior, especialmente en materia de apoyo social con financiamiento efectivo.

En la misma línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) defendió la decisión del Ejecutivo, señalando que el proyecto descartado generaba incertidumbre y afectaba la inversión en el sector pesquero.

Por el contrario, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio) anunció gestiones para reactivar la iniciativa, destacando que el proyecto ya presentaba un 75% de avance legislativo. Asimismo, se evalúa retomar la tramitación de la nulidad de la actual ley de pesca, hoy en el Senado.

El senador Iván Flores (DC) también expresó preocupación por la decisión del Gobierno, advirtiendo que se está cerca de cumplir el plazo político de dos años fijado para reemplazar la normativa vigente. “Se necesita claridad sobre las medidas que se adoptarán para asegurar la sostenibilidad del sector y el sustento de miles de familias”, sostuvo.

El debate sigue abierto, en medio de presiones para definir el futuro marco regulatorio de una actividad clave para la economía y el empleo en Chile.