¿Qué implica la entrada en vigor del acuerdo de la OMC y cómo impacta en la lucha contra la pesca ilegal en Argentina?

Durante el día de ayer, entró en vigor el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), marcando un punto de inflexión en la gobernanza global de los océanos y planteando un desafío clave para países como Argentina, donde la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) constituye un problema económico, ambiental y geopolítico de primer orden.

Este nuevo marco internacional prohíbe los subsidios a actividades relacionadas con la pesca INDNR, así como aquellos otorgados a flotas que operan sobre poblaciones sobreexplotadas o en alta mar sin regulación internacional clara. El objetivo es revertir décadas de incentivos que han contribuido a la sobrepesca y a la degradación de los ecosistemas marinos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de un tercio de las poblaciones de peces del mundo ya están siendo explotadas por encima de niveles sostenibles. En este contexto, el acuerdo representa el primer instrumento multilateral vinculante sobre subsidios dañinos a la pesca, aprobado por consenso entre los 164 miembros de la OMC.

Argentina: un interés estratégico en juego

Argentina, que ratificó el acuerdo en julio de 2024, tiene un interés estratégico en su implementación efectiva. El país enfrenta de manera recurrente la presencia de flotas pesqueras extranjeras, especialmente de origen chino, aunque también procedentes de España, Corea del Sur y Taiwán, operando en la conocida “milla 201”, justo fuera de su zona económica exclusiva (ZEE).

En esa franja de alta mar, caracterizada por escasa fiscalización internacional, se concentran numerosas operaciones de pesca ilegal o no reglamentada, principalmente orientadas a especies como el calamar argentino, con alto valor comercial. Estas prácticas afectan gravemente los recursos marinos, y golpean a comunidades costeras que dependen de la pesca como principal fuente de empleo e ingreso.

Un respaldo diplomático y una herramienta para la sostenibilidad

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, celebró la entrada en vigor del acuerdo, destacando que “demuestra cómo el comercio puede estar al servicio de las personas y del planeta”. Para apoyar su implementación, se ha creado un Fondo para la Pesca, con aportes iniciales superiores a 18 millones de dólares, destinado a ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados a adaptar sus políticas, fortalecer la fiscalización y promover la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

En el caso argentino, el acuerdo podría servir como un respaldo diplomático clave frente a los abusos de las flotas extranjeras, así como un incentivo para mejorar la cooperación regional en el patrullaje y control marítimo en el Atlántico Sur.

Una oportunidad para reforzar la soberanía y la sostenibilidad

Especialistas coinciden en que el impacto del acuerdo dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados para fiscalizar, denunciar y sancionar prácticas ilegales. Para Argentina, representa una oportunidad concreta de fortalecer sus mecanismos de control sobre la pesca en alta mar, proteger su soberanía marítima, y asegurar la sostenibilidad de sus recursos pesqueros.

De consolidarse, esta herramienta multilateral contribuirá a preservar los ecosistemas marinos, a garantizar la seguridad alimentaria y a proteger el empleo de miles de familias que dependen directa o indirectamente de la pesca en todo el litoral marítimo del país.