Fundación del Reino Unido señala que España es la puerta de entrada a Europa de calamares de procedencia dudosa

Dicha especie marina procede de Argentina, Uruguay, Chile y Perú

La Fundación para Justicia Ambiental (EJF), basada en el Reino Unido, lanzó recientemente un informe que analiza la actividad de la flota potera china en el Atlántico Sur, obteniendo información objetiva sobre su involucramiento en presuntos abusos de derechos humanos y en la crisis ecológica.

Las mismas embarcaciones operan, y de manera más intensiva aún, en el Pacífico Sur (Perú y Chile) sobre el calamar gigante.

La investigación resalta que anualmente cientos de barcos pesqueros asiáticos operan en altamar del Atlántico Sur y que su operación estaría llevando al borde del colapso al calamar argentino, a través de faenas que expondrían a los tripulantes de las flotas a abusos laborales y de sus derechos humanos.

También señala que España, al ser el segundo importador global de calamares y la principal puerta de entrada de estos a la Unión Europea, juega un rol en perpetuar prácticas pesqueras inadecuadas.

EJF entrevistó a casi 170 tripulantes de estas embarcaciones, los cuales en su mayoría eran de procedencia indonesia y filipina y están en condición vulnerable en sus países de origen.

Además, monitoreó a estas embarcaciones y analizó fotos satelitales; como producto de esta labor exhaustiva pudo encontrar pruebas de violencia física e intimidación a tripulantes, así como prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

EJF señala que el calamar no regulado llega a España y que desde allí se destina al consumo doméstico, pero también se exporta hacia toda Europa. Por eso, dicha organización instó a dicho país a jugar un rol más activo para impulsar la transparencia y sostenibilidad en el comercio de calamares, dado que hoy está comprando y distribuyendo productos de alto riesgo.

“Hacemos un llamamiento al gobierno español para que refuerce los controles de importación, empezando por el calamar argentino, implemente con agilidad los principios de la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca y utilice su posición estratégica dentro de la Unión Europea para impulsar un cambio más amplio en el plano internacional. Se trata de derechos humanos, sostenibilidad y competencia justa para nuestra flota”, afirma Jesús Urios Culiañez, responsable de políticas oceánicas en EJF.

Por su parte, Alfonso Miranda, el Presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR), reconoció que los hallazgos del reporte no solo deben llamar la atención sobre lo que ocurre en el Atlántico Sur, sino también en el Pacífico.

“La preocupación debe extenderse también para los que nos ubicamos del lado del Pacífico, dado que son exactamente las mismas prácticas pesqueras. Además de los injustos tratos a los tripulantes, también nos debe preocupar la falta de avances científicos para definir los límites de captura que aseguren la sostenibilidad de lo que se pesca en altamar”, sostuvo.

Añadió que, en el Pacífico Sur, existiendo una organización regional de ordenación pesquera, se ha avanzado muy poco en la adopción de una evaluación de stock que permita recomendar el grado de explotación que para las embarcaciones industriales asiáticas que operan en altamar”.

En tanto, Steve Trent, CEO y fundador de EJF, señala que “la sobrepesca y la crisis climática están añadiendo una enorme presión sobre los calamares clave mientras que los responsables, mayoritariamente procedentes de China, cometen abusos de derechos humanos con impunidad”.

“Un colapso podría suceder con mucha rapidez, generando un impacto en cadena en la vida marina. Los gobiernos deben actuar ahora para añadir regulación, transparencia y responsabilidad a esta pesca sin ley”, finalizó Trent.

Por último, Pascual Aguilera, líder de la Coordinadora Nacional de Jibieros de Chile, reaccionó llamando la atención sobre el rol que juegan los puertos y astilleros latinoamericanos dando facilidades logísticas que facilitan la operatividad de estas embarcaciones.

“Estas embarcaciones necesitan de nuestros países para organizar su operatividad. Si no entran a Perú, entran a Chile o a Uruguay. No tienen más opciones que estas. Entonces, es necesario que nuestros gobiernos desarrollen acciones coordinadas reales para establecer un estándar común que no nos vuelva cómplices de los abusos. Los hermanos tripulantes indonesios y filipinos necesitan de nuestra solidaridad latinoamericana”, sentenció Aguilera.