¿Área protegida o dominio de la pesca de jurel? “Ahora entendemos las presiones por el Tratado de Altamar”

En medio del discurso ambiental cada vez más globalizado, donde términos como “conservación”, “sostenibilidad” y “protección marina” suenan bien en cualquier foro internacional, se están moviendo piezas importantes en el tablero geopolítico del Pacífico Sur. Uno de los temas que ha pasado casi desapercibido, pero que merece toda nuestra atención, es la creación de áreas marinas protegidas en altamar impulsadas por Chile y la ONG Oceana, bajo el marco del recientemente firmado Tratado de Altamar.

Muchos podrían preguntarse: “¿Y eso qué nos importa a los peruanos?” Pues aquí empieza lo interesante…

Resulta que los planes de Chile y la ONG Oceana no se limitan a su mar territorial. No señor. Van más allá: están promoviendo la creación de áreas protegidas en altamar, específicamente en las dorsales de Salas, Gómez y Nazca, con el bonito pretexto de “cuidar los océanos”. Hasta ahí, uno podría pensar: “buena iniciativa”. Pero ojo, hay letra pequeña que no debemos ignorar.

La propia Oceana ha declarado abiertamente que estas áreas se extenderán a lo largo de 2,900 km frente a las costas del Perú, sí, frente a nuestras propias narices. ¿Casualidad? Difícil de creer.

Y aquí viene lo mejor (o lo peor): las zonas donde nace y crece el jurel están bajo la jurisdicción de la ORP-PS (Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur). Y con la creación de estas áreas “protegidas”, quedarían nada menos que cerradas a la pesca. Así como lo lee. ¿Están cuidando su despensa para el futuro mientras el Perú solo aplaude desde la tribuna? Porque, curiosamente, ese mismo organismo es el que “administra” la pesca del jurel en altamar. ¿Casualidad? ¿Conservación? ¿O estrategia con disfraz verde?.

Otro punto que no puede pasarse por alto es que la ORP-PS ha sido presidida, casi de forma permanente, por ciudadanos chilenos. Y, ¡qué coincidencia!, siempre tienen algo que decir sobre las cuotas de pesca de jurel (Trachurus murphyi) que el Perú asigna a sus flotas artesanales e industriales. Como si tuvieran vela en este entierro. Parece que el buen desempeño peruano en la pesca del jurel les incomoda. Qué susceptibles, ¿no?

Y claro, nada es gratis. Ya lo dice el dicho: “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.”

Para completar el panorama, hay que recordar que Chile ya firmó y ratificó la CONVEMAR (Convención del Mar), mientras que el Perú, con buen criterio, aún no la ha ratificado, manteniendo firme su defensa del principio histórico de las 200 millas de soberanía marítima.

¿Y qué tiene que ver esto con el Tratado de Altamar?

Mucho más de lo que parece. El Perú ha firmado este tratado que, en teoría, buscaría proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de jurisdicción nacional. Sin embargo, aún no ha sido ratificado por el Congreso de la República, posiblemente porque miles de peruanos expresan su rechazo a este acuerdo, y también porque el tratado, a nivel global, todavía no entra en vigor: necesita la ratificación de 60 países, y hasta la fecha solo 52 lo han hecho.

¿Y qué nos dice eso? Que no somos los únicos con dudas ni reservas.

El caso más revelador es el de Estados Unidos, que no ha ratificado ni el Tratado de Altamar ni la CONVEMAR, a pesar de que ambos han sido impulsados por las Naciones Unidas. ¿Por qué? Todo indica que existe una preocupación legítima por el riesgo de perder soberanía sobre sus espacios marítimos.

Entonces, mientras algunos promueven zonas “protegidas” frente a nuestras costas envueltos en mensajes ambientalistas y ballenas sonrientes, otros, muy discretamente, estarían ganando terreno estratégico en altamar, justo donde se juega el futuro de nuestros recursos pesqueros.

¿Protección marina? Puede ser. Pero si el jurel hablara, seguro diría: “¡Déjenme en el Perú, carajo!”