Armadores pesqueros de la Ley 26920 exigen renuncia del viceministro de Pesca y una segunda temporada con cuota precautoria
La Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley N.° 26920 (ANAP 26920) que administra el 20% de la cuota de captura de la anchoveta pidió la renuncia inmediata del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, a quien responsabiliza por la crisis que atraviesan sus empresas luego de meses de paralización de las actividades extractivas del recurso.
En un pronunciamiento público dirigido al Gobierno, al Ministerio de la Producción y al Congreso, la organización sostiene que su flota permanece paralizada desde abril de 2026 y advierte que las empresas familiares de la Ley N.° 26920 se encuentran al borde de una crisis financiera y la quiebra.
Barrientos Ruiz figura como viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción desde abril de 2024.
La ANAP 26920 sostiene que durante este periodo miles de personas vinculadas directa e indirectamente a la actividad, armadores, patrones, tripulantes, estibadores, transportistas y proveedores, han quedado afectadas por la falta de actividad pesquera.
Armadores responsabilizan al viceministro
El cuestionamiento más fuerte del pronunciamiento apunta directamente al viceministro.
Los armadores sostienen que desde junio solicitaron un monitoreo científico continuo de la anchoveta y una pesca exploratoria que permitiera determinar oportunamente la disponibilidad del recurso. Según la organización, esa evaluación no se realizó en el momento que consideraban necesario y la primera temporada terminó sin que su flota pudiera desarrollar una actividad pesquera significativa.
La ANAP afirma además que la Operación EUREKA permitió posteriormente confirmar la presencia de anchoveta en el mar peruano y cuestiona que no se hubiera actuado antes.
Seis meses de una flota prácticamente detenida
El reclamo ocurre después de una primera temporada marcada por las condiciones oceanográficas asociadas al actual episodio del fenómeno El Niño y por la presencia de ejemplares juveniles.
La Primera Temporada de Pesca 2026 de anchoveta en la región norte-centro comenzó oficialmente el 9 de abril. Posteriormente, Produce suspendió la actividad extractiva en junio aplicando el enfoque precautorio para proteger el reclutamiento y garantizar la sostenibilidad del recurso.
Finalmente, la temporada fue dada por concluida mediante la Resolución Ministerial N.° 00285-2026-PRODUCE, emitida el 19 de agosto. Desde entonces, Imarpe ha continuado reportando ausencia de actividad extractiva industrial de anchoveta en la región norte-centro.
Para los armadores de madera; sin embargo, la crisis comenzó mucho antes del cierre definitivo.
“Nuestra flota está paralizada desde abril de 2026”, afirma la ANAP 26920 en su pronunciamiento.
No fue una desaparición de la anchoveta
Uno de los puntos que podría generar mayor debate es la interpretación de lo ocurrido con el recurso.
La crisis no se produjo porque Imarpe haya determinado que “no había anchoveta”. La situación fue más compleja.
Durante junio, por ejemplo, Imarpe reportó condiciones cálidas de fuerte intensidad y anomalías oceanográficas que llegaron hasta +8 °C en determinadas zonas y profundidades. Al mismo tiempo, el factor de condición de la anchoveta presentó anomalías negativas de fuerte intensidad.
En agosto, durante la Operación EUREKA LXXVIII, Imarpe continuó registrando un escenario oceanográfico anómalo, con temperaturas superiores a las habituales y presencia de aguas subtropicales frente a la costa peruana.
Por ello, el debate actual no es simplemente si existe o no anchoveta, sino dónde está, en qué cantidad, qué estructura de tallas presenta, cuál es su condición biológica y si existen condiciones para una extracción sostenible.
Los armadores piden una segunda temporada
Precisamente por ello, la ANAP 26920 solicita que, una vez culminadas las evaluaciones científicas, se analice la posibilidad de autorizar una segunda temporada de pesca de anchoveta 2026, siempre que las condiciones del recurso lo permitan.
La propuesta incluye una cuota precautoria, límites para la captura de juveniles, cierres de zonas, seguimiento satelital, vigilancia en los puntos de desembarque y supervisión científica permanente.
La crisis también es financiera
La ANAP solicita a Produce gestionar ante la SUNAT la paralización de las cobranzas coactivas de fraccionamientos tributarios y el aplazamiento del pago del ITAN mientras dure la emergencia.
También reclama que la flota de la Ley N.° 26920 sea incorporada al Fondo CRECER, con condiciones que permitan que el financiamiento llegue efectivamente a los armadores y tripulantes.
“Nuestras pequeñas empresas familiares están al borde de la quiebra masiva”, advierte la organización.
Un conflicto que puede escalar
El pedido de renuncia convierte el problema de la flota industrial de madera en un nuevo foco de tensión dentro del sector pesquero.
La ANAP no solo exige una salida económica para sus empresas. También cuestiona las decisiones adoptadas durante la primera temporada y reclama que el Gobierno adopte medidas concretas antes de que la paralización termine provocando el cierre definitivo de embarcaciones.
Mientras tanto, Imarpe continúa documentando un escenario oceanográfico excepcionalmente cálido. En sus reportes de septiembre, el instituto informó anomalías térmicas de hasta +6 °C en determinadas capas del océano frente a la costa norte-centro y señaló que la región permanecía sin actividad extractiva industrial debido a la culminación de la primera temporada.
La discusión, por tanto, ya no se limita a cuándo volverá a pescar la flota.
Los armadores quieren saber quién asumirá la responsabilidad por seis meses de paralización y si todavía existe una salida para sus empresas antes de que la crisis deje de ser temporal y se convierta en estructural.







