Galicia cierra filas para proteger su industria conservera frente al atún de Tailandia

La Xunta y Anfaco-Cytma reclaman que el atún en conserva sea considerado un producto “estrictamente sensible” en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Tailandia y otros países de la ASEAN.

La defensa de la industria conservera gallega se intensifica ante las negociaciones comerciales que la Unión Europea mantiene con Tailandia y otros países de la región ASEAN. La Xunta y Anfaco-Cytma reclaman que el atún en conserva quede excluido de cualquier proceso de liberalización arancelaria mientras no existan garantías de reciprocidad y equivalencia en las condiciones de producción.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el secretario xeral de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, han advertido sobre el posible impacto que una mayor apertura del mercado europeo a las conservas procedentes de terceros países podría generar sobre la cadena mar-industria de Galicia y el empleo asociado a esta actividad, especialmente en las localidades costeras.

Uno de los principales focos de preocupación es Tailandia, considerado el principal productor mundial de atún, con una capacidad superior a las 550.000 toneladas anuales. Actualmente, el país exporta a la Unión Europea unas 18.000 toneladas de atún, sometidas a un arancel del 24 %. Para la Xunta y la industria conservera gallega, una reducción o eliminación de estos derechos podría aumentar la presión competitiva sobre los productores europeos.

La Xunta sostiene que la competencia debe desarrollarse bajo condiciones equivalentes, especialmente en materia laboral, sanitaria, ambiental, trazabilidad y control pesquero. En este sentido, advierte de que las diferencias regulatorias entre la Unión Europea y terceros países pueden traducirse en ventajas de costes para los productos importados.

Ante este escenario, la Xunta y el sector conservero han desplegado una estrategia institucional para trasladar sus demandas a las autoridades comunitarias y españolas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remitido cartas al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y al comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, para solicitar que el atún sea excluido de las negociaciones mientras no se acrediten condiciones equivalentes.

Entre las propuestas planteadas figura que cualquier contingente de importación sea limitado y vinculado a normas de origen basadas en producto completamente obtenido, además de evitar un incremento de los flujos comerciales actuales y reforzar las medidas de salvaguarda ante eventuales incumplimientos.

La conselleira do Mar también ha trasladado esta posición al Gobierno español. Villaverde ha enviado cartas al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para solicitar que España utilice su posición en el Consejo de la Unión Europea en defensa de los intereses de la industria conservera.

La estrategia también busca respaldo en el Parlamento Europeo. Villaverde ha solicitado la implicación de la presidenta de la Comisión de Pesca de la Eurocámara, Carmen Crespo, para trasladar las demandas del sector antes de que se adopten decisiones sobre los acuerdos comerciales.

El frente institucional se extiende además a las regiones europeas. Desde la presidencia gallega del Grupo de Trabajo de Pesca de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), se ha promovido una declaración conjunta con regiones de España, Portugal, Francia e Italia.

El documento reclama cláusulas espejo efectivas, el uso obligatorio del sistema CATCH, salvaguardas automáticas y la creación de un Observatorio Europeo de la Industria Conservera del Atún. La declaración también recoge la preocupación por las negociaciones comerciales con Filipinas.

La Xunta defiende que la apertura comercial europea debe compatibilizarse con la protección de su capacidad productiva. Según los datos expuestos por Villaverde, Europa produce alrededor de 340.000 toneladas de atún al año y su cadena de valor genera cerca de 80.000 empleos directos e indirectos.

El debate, por tanto, no se limita a los aranceles del atún en conserva. Para Galicia, está en juego la capacidad de la industria europea para competir en un mercado global bajo condiciones laborales, ambientales, sanitarias, pesqueras y de trazabilidad equivalentes.