La danza política al ritmo de las ONGs: El intento por desmantelar las barreras contra el descarte de juveniles

A puertas de la segunda vuelta en el Perú para la elección del presidente de la República, la propuesta del candidato por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, de derogar el Decreto Supremo N.° 024-2016-PRODUCE reabre una polémica de alto impacto en el sector pesquero, al cuestionar una norma clave que elimina la práctica del descarte en el mar, permite obtener información oportuna y evita el impacto al medio ambiente marino.

Más que una simple eliminación normativa, la propuesta se percibe como una decisión que podría tensionar los avances alcanzados en materia de sostenibilidad del recurso, encendiendo la alerta sobre si el país está dispuesto a retroceder en su gestión pesquera de proteger el equilibrio del ecosistema marino, perder miles de puestos de trabajo, que los capitanes y patrones enfrenten denuncias penales por capturas no deseadas, porque no existe en el Perú un sistema seguro al 100 % que pueda evitarlas en pesquerías dinámicas como la anchoveta.

Sin embargo, para las ONGs, la norma cambia las reglas de juego para la captura de anchoveta juvenil porque se flexibilizan los topes de captura. Este argumento, no obstante, genera cuestionamientos debido a que el mecanismo busca reducir el descarte mediante el reporte oportuno de la presencia de juveniles, permitiendo el cierre inmediato de las zonas de pesca.

Pero trasladar una norma de carácter técnico, aplicada bajo criterios científicos para la gestión de un recurso que ha logrado mantenerse sostenible pese a antecedentes históricos críticos, para usarlo como un “caballo de batalla” en una campaña electoral genera serias interrogantes, pero también dudas. La anchoveta peruana ya enfrentó uno de sus periodos más difíciles durante la década de 1970, durante el gobierno de Juan Velasco, cuando la sobrepesca -agravada por la extracción masiva de juveniles, que superó los 5 millones de toneladas, y la ocurrencia del fenómeno de El Niño- llevó al recurso a un colapso.

En ese contexto, resulta inevitable preguntarse si quienes hoy exigen la derogación de la norma muestran la misma preocupación frente a otras amenazas reales y permanentes, como la pesca con explosivos, las capturas fuera de talla permitida, las actividades ilegales en zonas de desove y concentración de especies, o cuando la anchoveta migra al país vecino y es extraída a la milla por embarcaciones artesanales de 70 toneladas para la producción de harina y aceite de pescado para derivarlo al salmón. ¿Acaso se trabaja para que el “lobo” siga almorzando por las salmoneras, dejando al Perú con hambre y sin percibir sus ingresos por exportaciones?

Es evidente que Roberto Sánchez desconoce totalmente el sector pesquero y su complejidad, peor aún si su propuesta recoge la sugerencia de cierta ONG, cuya hermana se ubica en Chile y actualmente viene luchando para presidir la Secretaría del Tratado de Altamar, un acuerdo que firmó la cuestionada Dina Boluarte en Francia sin escuchar a la población pesquera nacional y que es el reglamento de la Convemar, que en cristiano es la mutilación de las 200 millas de mar territorial para dejar al Perú con solo 12 millas. Si analizamos todo tiene ilación.

El líder de Juntos por el Perú debe enterarse de que los peruanos le hemos dicho no a la Convemar, le hemos dicho no al Tratado de Altamar y cuestionamos los comportamientos de cierta ONG que se ha empecinado en destruir a la industria pesquera cerrando sus áreas de pesca con narrativas de depredación y sembrando el terror en los más vulnerables, que se pierden porque el Estado siempre ha estado de espaldas a sus necesidades.

Sin duda, hoy es el Decreto Supremo N.° 024-2016-PRODUCE; mañana será la soberanía; y más adelante quizá conviertan el mar de Grau en una especie de zona de libre tránsito para los barcos y buques factoría de los más de 160 países que ya vaciaron sus propios mares y ahora vendrán con plato, cuchara y táper en mano en busca de alimento para sus crecientes poblaciones. Total, con un Estado sin rumbo, pasaremos de “Juntos por el Perú” a un gobierno de “Desunidos por el Perú”.