Argentina sanciona a un buque extranjero por pesca ilegal con una multa de 900 mil dólares

El pesquero Bao Feng fue sancionado tras ser detectado electrónicamente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El caso marca un antecedente clave en el control sin necesidad de captura física.

Argentina concretó el cobro de una multa millonaria contra un buque extranjero que operaba ilegalmente en aguas nacionales, en un procedimiento coordinado entre la Prefectura Naval y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. La sanción asciende a 900 mil dólares (1.260 millones de pesos), a lo que se suman los costos operativos generados durante la detección y el seguimiento del caso, lo que representa un hecho sin precedentes en materia de control pesquero.

El episodio se inició el 10 de enero, cuando el Sistema Guardacostas detectó la presencia del buque pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. El monitoreo, realizado por la Autoridad Marítima Nacional bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, permitió advertir movimientos compatibles con tareas de pesca.

Según el análisis técnico, la embarcación permaneció aproximadamente una hora y media dentro del área protegida, navegando a una velocidad inferior a los 4 nudos, un indicador típico de actividad extractiva. Estos datos fueron posteriormente corroborados mediante la plataforma internacional Skylight, lo que consolidó la evidencia necesaria para avanzar con la sanción.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la multa se hizo efectiva sin necesidad de interceptar físicamente al buque. Este mecanismo, basado en herramientas tecnológicas y en la cooperación institucional, abre un nuevo escenario en la fiscalización de la pesca ilegal, especialmente en zonas de difícil acceso.

Desde el Gobierno nacional destacaron que este antecedente refuerza la política de control sobre los recursos ictícolas y marca el inicio de una estrategia de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur, con el objetivo de proteger la soberanía y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.