Perú: Paro nacional pesquero en defensa de la pota o calamar gigante

Pescadores peruanos saldrán a las calles para que sean escuchados, tras escasez de pota por pesca ilegal de los buques chinos.

Mañana, jueves 10 de octubre, se desata un paro de 72 horas por parte de los transportistas, pero esta no es la única movilización que sacudirá al país. Los pescadores artesanales y de consumo humano también han convocado a una gran marcha pesquera en Piura, que se replicará en el sur y centro del Perú. Esta ola de protesta surge días después de que el Ministerio de Producción (Produce) anunciara un Decreto Supremo para erradicar la pesca ilegal en nuestras aguas.

A pesar de que esta nueva normativa busca poner candados a las embarcaciones asiáticas que ingresan sin control satelital al mar peruano, gremios pesqueros y pescadores artesanales están en pie de lucha, denunciando que la presencia de barcos chinos en el mar de Grau sigue siendo alarmante. La falta de un sistema de monitoreo satelital ha convertido este decreto en una burla para los 33 millones de peruanos, sostienen.

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Región Piura, junto con el Sindicato de Pescadores y Armadores y SONAPESCAL, han convocado una movilización masiva mañana a las 09:00 a.m. en el AA. HH. San Isidro, en Paita, Piura, extendiendo la invitación a caletas cercanas.

Además, los gremios de la Macro Región Sur exigen urgentemente que se declare en emergencia a la pota o calamar gigante ( Dosidicus gigas) y piden la destitución de cuatro ministros: Producción, Transportes y Comunicaciones, Defensa y Comercio Exterior. Advierten que, si no hay mejoras en su sector, habrá un paro monumental en Lima en noviembre.

Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), ha dejado claro que, a pesar de la nueva norma, las embarcaciones chinas continúan ingresando a las 200 millas peruanas sin el SISESAT. “La norma ha sido violentada en la primera semana de su promulgación. Esto es una burla y está incubando una explosión social que será responsabilidad exclusiva del gobierno”, advirtió.