Comisión de Constitución del Senado aprueba delegación de facultades para enfrentar la inseguridad y el fenómeno El Niño

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad, con siete votos a favor, el dictamen de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario para adoptar medidas frente a la inseguridad ciudadana y atender las consecuencias del fenómeno El Niño. El grupo de trabajo es presidido por el senador Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular.

Durante la sesión, la comisión aprobó primero, por unanimidad, las 20 materias contenidas en la Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD, remitida por la Cámara de Diputados. Posteriormente, incorporó siete disposiciones adicionales al texto sustitutorio, orientadas a reforzar la lucha contra la criminalidad, la seguridad penitenciaria, el sistema de inteligencia y la ejecución de proyectos de infraestructura priorizados. La aprobación incluyó el artículo 1, las cuatro disposiciones complementarias finales y los demás extremos del dictamen.

Medidas contra la criminalidad

Entre las nuevas disposiciones figura la regulación de la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con el marco constitucional vigente.

Asimismo, se propone precisar las condiciones excepcionales en las que las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional del Perú frente a organizaciones criminales y otras amenazas graves contra el orden interno, cuando la capacidad policial haya sido sobrepasada o exista un riesgo cierto de que ello ocurra. Esta intervención será temporal, subsidiaria y territorialmente delimitada, con reglas específicas para el empleo y uso de la fuerza, sin sustituir las funciones constitucionales de la institución policial.

Otra medida plantea regular la libertad vigilada postpenitenciaria para personas condenadas por sicariato, extorsión y delitos vinculados con organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana. La propuesta contempla crear un registro bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, con el objetivo de prevenir la reincidencia y la continuidad delictiva, respetando los derechos fundamentales.

El dictamen también propone establecer criterios objetivos para identificar e inscribir en un registro a organizaciones criminales que persigan fines económicos o patrimoniales mediante técnicas similares a las utilizadas por el terrorismo, como atentados con explosivos o armas destinados a generar zozobra, alarma o temor en la población.

Para estas organizaciones se plantea aplicar, cuando corresponda, técnicas especiales de investigación, medidas sobre bienes y activos, disposiciones de ejecución penal y mecanismos de cooperación internacional previstos para el terrorismo. Estas acciones estarán sujetas a control judicial, revisión periódica y respeto del derecho de defensa, sin modificar la tipificación del delito de terrorismo.

Legítima defensa y fortalecimiento de la inteligencia

En materia de legítima defensa, el texto incorpora una propuesta de modificación del Código Penal para establecer una presunción, que admite prueba en contrario, de actuación racional y válida de quien se defiende frente a una agresión. Las resoluciones judiciales que descarten esta presunción deberán contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga probatoria del Ministerio Público.

En el ámbito de inteligencia, se propone fortalecer la coordinación y la interoperabilidad de los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia. La iniciativa busca mejorar la producción, el intercambio y el análisis de información frente a amenazas a la seguridad nacional y a la criminalidad organizada.

También comprende medidas para promover la especialización y la integridad del personal, así como fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.

La séptima incorporación plantea simplificar los procedimientos administrativos vinculados exclusivamente con proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios. Para ello, deberán identificarse expresamente los procedimientos comprendidos, sin flexibilizar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural.

Durante la revisión, se informó además que fue eliminado el literal c) del numeral 2.15 del texto remitido por la Cámara de Diputados, referido a la creación de la carrera del servidor público para los centros de rehabilitación juvenil, debido a que esta medida no había sido solicitada por el Poder Ejecutivo.

Prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño

El presidente de la comisión, Carlos Mesía Ramírez, sostuvo que enfrentar la inseguridad ciudadana exige una respuesta responsable del Estado para proteger a comerciantes, transportistas y familias. Señaló que esta tarea debe trascender las diferencias políticas y apoyarse en herramientas eficaces, con pleno respeto de los derechos y las libertades constitucionales.

Entre las prioridades mencionó el combate a la extorsión y el sicariato, el fortalecimiento del control migratorio y de armas, el bloqueo de las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios y una mayor coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los órganos de justicia.

Respecto del fenómeno El Niño, Mesía Ramírez advirtió sobre la necesidad de actuar preventivamente para evitar que las emergencias destruyan viviendas, caminos y cultivos. En ese sentido, destacó las propuestas destinadas a agilizar la ayuda humanitaria, brindar apoyo a los agricultores y facilitar las obras de prevención, rehabilitación de infraestructura y recuperación de servicios básicos, bajo criterios de transparencia y fiscalización.

Por su parte, el senador Daniel Barragán Coloma, del Partido Cívico Obras, manifestó que las discrepancias sobre la interpretación del Reglamento no deben convertirse en un obstáculo para atender la inseguridad ciudadana ni las consecuencias del fenómeno El Niño.