China anuncia controles a su flota para combatir la pesca ilegal

China anunció mayores controles sobre su flota de aguas distantes y nuevas medidas para combatir la pesca ilegal en el marco de su programa pesquero 2026-2030. El XV Plan Quinquenal de Desarrollo Pesquero, emitido el 4 de septiembre por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, plantea reforzar la responsabilidad de las empresas y verificar el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

El documento combina objetivos de conservación con el desarrollo productivo y mantiene el aprovechamiento comercial de los recursos fuera de sus aguas jurisdiccionales. Para Argentina, la efectividad de estas medidas dependerá, en buena parte, de los controles sobre las embarcaciones que operan junto al límite de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Límites de captura y protección de juveniles

El programa mantiene un máximo de 10 millones de toneladas anuales de capturas marinas nacionales, un límite que ya figuraba en la planificación anterior. Esta cifra corresponde a la pesca en aguas chinas, mientras que la flota de aguas distantes recibe un tratamiento específico.

En 2025, las capturas marinas nacionales alcanzaron los 9,61 millones de toneladas. El límite previsto para 2030 permanece por encima de ese registro y prolonga una política de contención del esfuerzo pesquero.

El objetivo general es alcanzar los 80 millones de toneladas de productos acuáticos en 2030, frente a los 76,52 millones registrados en 2025. Este volumen comprende tanto la pesca como la acuicultura, actividad a la que el Gobierno chino asigna un papel central para ampliar la oferta.

Para la pesca extractiva, el plan propone establecer límites por especie y pesquería, utilizar artes de pesca más selectivas y reducir el número de embarcaciones nacionales. También contempla prohibir la captura de juveniles destinados a alimentar cultivos o fabricar piensos.

El biólogo Wang Songlin, presidente de la Qingdao Marine Conservation Society (QMCS), destacó ante SeafoodSource el avance hacia una gestión específica de cada pesquería. Esta distinción es importante: un volumen total de capturas dentro del límite nacional puede coexistir con una presión excesiva sobre determinadas poblaciones. Por ello, será necesario vincular la evaluación de cada recurso con el esfuerzo pesquero autorizado y verificar el cumplimiento de los límites establecidos.

Control de la flota de aguas distantes: la prueba del Atlántico Sur

Para su flota de aguas distantes, China plantea controlar el número de embarcaciones, revisar la aprobación de proyectos y mejorar las evaluaciones de cumplimiento. Al mismo tiempo, prevé desarrollar nuevos caladeros y aprovechar otros recursos bajo criterios de sostenibilidad. Es decir, el desarrollo comercial continúa formando parte de su política pesquera exterior.

El principio de tolerancia cero frente a la pesca ilegal se acompaña de mejores sistemas de reporte y una mayor participación en las normas internacionales. El programa también contempla incorporar banda ancha satelital a bordo, mejorar las condiciones habitacionales y fortalecer la capacitación de las tripulaciones.

Wang relacionó estas medidas con el bienestar de los trabajadores, aunque su efectividad dependerá del acceso real de las tripulaciones a las comunicaciones y de las condiciones de seguridad durante las mareas. La respuesta ante emergencias también forma parte de las mejoras previstas.

El marco incluye, además, una reforma legal. La Ley de Pesca de China, revisada el 27 de diciembre de 2025, entró en vigor el 1 de mayo de 2026. Su artículo 59 exige autorización y controles para la carga o descarga de capturas por buques extranjeros y prohíbe el ingreso de embarcaciones identificadas como participantes en actividades de pesca ilegal, conforme a los tratados aplicables a China. La reforma también refuerza los reportes de ingreso a puerto y las inspecciones en instalaciones habilitadas.

Desde el 16 de abril de 2025, China también forma parte del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyo objetivo es impedir que productos procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ingresen a los mercados.

Sin embargo, estos compromisos contrastan con antecedentes documentados. El informe de 2026 presentado al Congreso estadounidense por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) identificó deficiencias en el control chino sobre sus buques en jurisdicciones extranjeras. Entre los casos mencionó transbordos ilegales en Sierra Leona y declaraciones incorrectas de capturas en Vanuatu. También recogió evidencias sobre trabajo forzoso en la flota de aguas distantes, incluidos los buques poteros.

El informe, elaborado en 2025 con información correspondiente al período 2022-2024, constituye un antecedente para evaluar las respuestas posteriores, aunque sus registros son anteriores al nuevo plan pesquero.

El Atlántico Sur, escenario de contradicciones

Los compromisos de conservación de China enfrentan una prueba concreta en el Atlántico Sur, donde se ha documentado una creciente expansión de su flota pesquera.

La Nota DNI N.° 41/2026, fechada el 12 de mayo y elaborada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), registró 484 buques extranjeros detectados durante 2026 en el área adyacente a la ZEE argentina: 338 poteros y 146 arrastreros. La Prefectura Naval Argentina identifica un amplio predominio chino en el conjunto de esta flota extranjera.

El crecimiento de la actividad arrastrera resulta especialmente preocupante. Un análisis publicado por la Prefectura en mayo señaló que estas embarcaciones eran casi un 70 % más numerosas que en 2020 y que cerca de la mitad estaban vinculadas a empresas chinas, incluidas unidades que operan bajo otras banderas.

Detrás del anuncio de mayores controles aparece, por tanto, una presencia empresarial que también se extiende mediante embarcaciones de terceros países.

Este despliegue forma parte de un circuito pesquero que conecta caladeros frente a Ecuador y Chile con el Atlántico Sur, bajo vigilancia de las autoridades regionales. En el límite de la ZEE argentina, el contraste también se observa en el manejo de los recursos: mientras la flota nacional captura calamar bajo evaluaciones científicas y medidas de cierre, la explotación del mismo recurso en el área adyacente no está sometida a un régimen de ordenación equivalente.

A ello se suma la presencia de una flota arrastrera que opera durante todo el año sobre el calamar y otras especies, como la merluza y el abadejo.

La distancia entre los compromisos escritos y la actividad en el mar se refleja en esta presión extractiva. La conservación que China proclama tendrá su prueba más exigente en los límites que imponga a sus propias empresas cuando operen a miles de millas de sus costas. Por ahora, al menos en el Atlántico Sur, esos compromisos todavía no se reflejan con suficiente claridad en la práctica.

Y, con el respeto que merece el lector, viene a la memoria una frase del siempre vigente Tato Bores: “Parecería un chiste, si no fuera una joda grande como una casa”.

 

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