Armadores de la Ley 26920 anuncian marcha nacional este 21 de octubre por la paralización de la pesca de anchoveta

La Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley N.° 26920 (ANAP 26920) anunció una marcha pacífica para el miércoles 21 de octubre en Piura y otras regiones pesqueras, en protesta por la prolongada paralización de sus actividades pesqueras y la falta de soluciones concretas para afrontar la crisis económica que, según afirman, afecta a sus empresas y pescadores.

En un pronunciamiento emitido el 16 de octubre de 2026, la organización informó que la decisión fue adoptada por unanimidad durante su Asamblea General. La movilización se realizará en Piura, con una concentración a las 9:00 a. m. en el Parque Infantil y un plantón en los exteriores del Gobierno Regional.

Los armadores señalan que no realizan actividades de pesca desde abril y que, tras la decisión del Ministerio de la Producción (Produce) de no autorizar la segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro, podrían permanecer sin ingresos hasta abril o mayo de 2027, periodo en el que, según indican, se espera una recuperación de las condiciones del mar.

Ante esta situación, la ANAP 26920 planteó cuatro exigencias al Gobierno Central: incorporar a la flota de la Ley 26920 en el Fondo CRECER, mediante créditos garantizados por el Estado; suspender las cobranzas coactivas de la SUNAT correspondientes a fraccionamientos tributarios y al Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) mientras dure la emergencia; facilitar el acceso a otras pesquerías, como samasa, barrilete, atún y bonito; y garantizar la continuidad de la atención de EsSalud para los tripulantes y sus familias.

El gremio también denunció dificultades para reprogramar sus obligaciones financieras y advirtió que la falta de aportes podría comprometer la cobertura de salud de los trabajadores pesqueros y sus dependientes.

Advierten riesgo para empresas familiares y empleos

Los armadores sostienen que la paralización amenaza la estabilidad de las empresas familiares propietarias de embarcaciones industriales de madera y los ingresos de miles de pescadores.

Asimismo, señalan que sus asociados han cumplido las disposiciones de ordenamiento pesquero, incluidas las cuotas, el control satelital, la bitácora electrónica y las suspensiones de pesca por presencia de ejemplares juveniles.

Los pesqueros afirmaron que comprenden la necesidad de esperar condiciones favorables para la recuperación del recurso, pero consideran que el Estado debe implementar medidas económicas y sociales que les permitan sostener sus operaciones y obligaciones durante el periodo de paralización.

Finalmente, la ANAP 26920 exhortó a la presidenta de la República, al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministros de Economía y Finanzas y de la Producción a atender sus demandas. La organización anunció que continuará promoviendo movilizaciones pacíficas hasta obtener respuestas a sus planteamientos.