Pesca ilegal en Chile: Denuncia contra empresa china revela vacíos legales y debilidades en fiscalización

Una denuncia contra una empresa pesquera china por presunta pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile encendió el debate sobre las fallas en el control marítimo y el uso de nuevas tecnologías para enfrentar estas prácticas.

Según datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), las denuncias e incautaciones por pesca ilegal se han triplicado en el último año. Sin embargo, el problema persiste: cerca del 96% de los casos no recibe sanción, evidenciando limitaciones en la fiscalización, especialmente en alta mar.

El caso, presentado ante la Corte de Apelaciones de Iquique, marca un precedente al basarse en evidencia satelital para acreditar una posible infracción dentro de la ZEE. La acción fue impulsada por la ONG FIMA en el marco del proyecto Legal Ocean Watch, que utiliza tecnología para detectar actividades ilícitas en el mar.

De acuerdo con la abogada Antonia Berríos, la nave extranjera habría ingresado a la ZEE el 1 de octubre de 2025 y permanecido entre 40 y 50 minutos realizando maniobras compatibles con pesca. El análisis combinó datos de posición, velocidad, rumbo e iluminación, lo que permitió identificar la actividad con alta probabilidad.

Especialistas advierten que, si bien el monitoreo satelital es clave, no resulta suficiente sin patrullaje marítimo y aéreo. El experto Milko Schvartzman señaló que la falta de presencia en el mar y de voluntad política ha permitido que flotas extranjeras operen en zonas adyacentes e incluso ingresen a la ZEE chilena.

Además, persisten obstáculos legales. Las sanciones actuales no son suficientemente disuasorias frente a las ganancias de la pesca ilegal y los procesos judiciales con actores extranjeros presentan dificultades, como la notificación fuera del país.

Pese a ello, el caso podría sentar un precedente relevante, tanto por el uso de evidencia tecnológica como por el rol de la sociedad civil en la denuncia. También abre el debate sobre la necesidad de actualizar la normativa y fortalecer los mecanismos de fiscalización para enfrentar una actividad que sigue en aumento.