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Pesqueras de Paita acuden a Fiscalía por irregulares sanciones

Pesqueras de Paita acuden a Fiscalía por irregulares sanciones

Es sabido que algunos trabajadores de empresas públicas o privadas, cometan actos ilegales que lindan en delitos sancionables y que perjudican a su empleadora; pero lo que no es común, es que sean altos funcionarios los que conminen y obliguen a su personal, a cometer los mismos, como es el caso de Certificaciones del Perú SA, CERPER, quien hoy afronta una denuncia por fraude ante el Ministerio Público de Paita, mismo al que no le presta la debida importancia, amparados por las máximas autoridades del Ministerio de la Producción, quienes mantienen una visible parcialidad, al no acudir al llamado del representante de la Fiscalía, que exige la documentación necesaria para esclarecer la demanda de los empresarios pesqueros del norte piurano.

Según la denuncia interpuesta por las pesqueras paiteñas, el contrato de prestación de servicios de control y vigilancia interna con CERPER, caducó en junio del 2010 y al no ser revalidada, ninguna empresa quedaba obligada a permitir el ingreso de los inspectores y por lo tanto, no procedía ninguna labor de inspección. Sin embargo, funcionarios de dicha compañía, en su afán de seguir cobrando por servicios que no prestaban, derivaron al Ministerio de la Producción, un sin número de “reportes de ocurrencia”, en las que detallaban la negativa de las plantas pesqueras al ingreso de sus inspectores; DIGSECOVI las recepcionó, y con una celeridad sorprendente, notificó a estas por esas supuestas infracciones cometidas; las mismas que al investigarse en los servicios de vigilancia de cada una, se determinó que dichos trabajadores, no concurrieron a ninguna planta.

Pero lo más sospechoso fue que al revisar las copias de los “reportes de ocurrencia” que acompañaban a las notificaciones, estas presentaban en su llenado, la misma forma de redacción, un mismo tipo de caligrafía, aunque firmados por diferentes inspectores y en fechas distintas. Los Reportes al tener números correlativos, se suponía que los inspectores visitaron cada planta de Paita, viajando desde Piura para ello, sin visitar a ninguna otra en el período de once días que correspondió a las primeras notificaciones recibidas (supuestamente cada planta había sido visitada en las mañanas y en las noches durante once días seguidos en el mes de agosto del 2010). De otro lado, ninguna empresa disponía de copia de esos reportes, que se supone, fueron elaborados en la puerta de cada planta, y que según detalla, el Vigilante de turno les había impedido el ingreso, sin identificarlo, pero que además el Jefe de Producción (conocidos de CERPER, por ser quienes firman los reportes, en su labor de control) se había negado a firmar dicho documento.

Estas gravísimas irregularidades detectadas con la notificación, hizo que las plantas procesadoras de Paita, presentaran Recursos de Reconsideración a DIGSECOVI, quienes lejos de atenderlos, las sancionó por estas supuestas infracciones, con 2 UIT por cada infracción, aparte de aplicarles 15 días de suspensión.

Estas sanciones, desproporcionadas y totalmente injustas, sin considerar las sólidas razones que las empresas expusieron, como la de solicitar una prueba grafo técnica a los reportes de ocurrencia, para determinar su origen fraudulento, confirmaron que la “autoridad” actuaba con parcialidad y pretendía destruir a las empresas del sector. Un ejemplo de esto, es que la mayoría de las empresas han recibido más de 80 (ochenta) dudosas infracciones lo que de acuerdo a las sanciones impuestas por cada una de ellas, tendrían que cerrar sus instalaciones por más de tres y algunas cinco años seguidos, además de pagar sumas millonarias (más de 160 UIT = S/.500,000.00.-).

Ante la actitud mostrada por las autoridades del Ministerio de la Producción, las empresas se han visto obligadas a interponer denuncia ante la Fiscalía Penal de Paita, no sólo en contra de los inspectores quienes aparecen firmando los reportes, sino también en contra de la propia empresa CERPER. De la investigación preliminar, los sindicados nombraron a un supervisor y un gerente, quienes los obligaron a elaborarlos en las mismas oficinas, firmarlos y posteriormente enviarlos directamente al DIGSECOVI en Lima, por ello es que ninguna empresa supuestamente infractora, posee copia alguna.

Es evidente que CERPER al actuar de esta manera, se ha involucrado en un delito, que como lo considera el Ministerio Público, lindaría en fraude y que terminaría con sanciones penales luego de ser denunciados ante el Juzgado Penal de Paita. La Fiscalía ha conminado al Ministerio de la Producción, que ponga a su disposición los originales de dichos reportes para que sean sometidos a pruebas caligráficas, que demostraran en que la caligrafía de su llenado no corresponde a la del inspector firmante. Sin embargo, el Ministerio de la Producción, a la fecha no ha respondido a este requerimiento, razón por la cual será la propia Jueza Penal de Paita, la encargada de solicitarlo bajo la pena de declarar como obstrucción a la justicia, la actitud del PRODUCE por negarse a obedecer el mandato.

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